A las 9 a.m. inició la audiencia de solicitud medida de aseguramiento contra José Luis Aduén Uribe ante la Juez Sexta Municipal de Control de Garantías por los delitos de concierto para delinquir y trata de personas.

El delegado de la Fiscalía, fiscal 22 de la URI Pedro Montañez, le imputó esos cargos el pasado miércoles y el hombre no aceptó. 

Aduén Uribe, quien habría usados hábitos de sacerdote anglicano, presuntamente engañó a venezolanos para que tuvieran sexo a través de webcam.

El delegado de la Fiscalía solicitó a la juez imponer medida de aseguramiento en centro carcelario porque hay inferencia razonable de autoría en los hechos de acuerdo con los elementos materiales probatorio.

El fiscal presentó testimonios de los venezolanos que denunciaron la situación en la Fiscalía y el informe de la Policía.

Los dos patrulleros que llegaron al lugar relataron a la Fiscalía que el 16 de octubre estaban haciendo patrullaje cuando un hombre de nacionalidad venezolana les informó que en una vivienda, ubicada en la calle 61 número 23 -90 del barrio Los Andes, les tenían sus elementos personales y que allí hacían videochat de prostitución.

Según el relato del fiscal, los policías se dirigieron a la vivienda y les abrió la puerta José Luis Aduen Uribe, quien autorizó la entrada y cuando estaban los uniformados adentro salieron de los cuartos otros venezolanos denunciando que los tenían encerrados en el lugar y los obligaba a tener sexo sin pago alguno frente a una webcam.

Del mismo modo, el representante del ente acusador presentó varios testimonios de los venezolanos víctimas de prostitución.

Uno de ellos, en relato en la URI, indicó que tenía tres meses de estar en Barranquilla. Primero estuvo en otro trabajo de webcam y luego un amigo lo contactó para que se fuera a trabajar a otro lugar en el barrio Los Andes, donde José Luis era el dueño y le prometió que iba a ganar un millón 500 mil pesos quincenal y además que le iban a dar una cédula falsa colombiana.

Sin embargo, pasado cinco días no le pagó lo prometido y José Luis, presuntamente, lo obligaba a trabajar 7 horas diarias y le decía que debían masturbarse frente a la cámara. También precisó que lo obligaba a vestirse de mujer para satisfacer a los clientes de webcam.

En otro testimonio de las víctimas, aseguró que además de José Luis, hay tres personas más implicadas en el hecho. Uno sería un hermano de José Luis, apodado como 'Gambeta' y dos personas más de nombre Claudio y Antony, ambos hermanos, quienes serían los socios mayoritarios del negocio.

El fiscal Pedro Montañez también relató que otros venezolanos que fueron víctimas contaron que a principio los trataban bien y luego los dejaban encerrados en cuartos y no los dejaban salir.

En el lugar habían venezolanos transgéneros, mujeres y un menor gay, y los tenían vigilados con cámaras de seguridad en toda la casa.

Uno de los venezolanos, que estuvo en Ecuador, llegó a Barranquilla luego de ser contactado por Facebook donde le ofrecían ese trabajo en el barrio Los Andes. También presentó denuncia en la URI por los maltratos.

Del mismo modo había una pareja de esposos que era víctima. También relataron que José Luis les decía a todos que era sacerdote de Cartagena y a pesar de este supuesto rol piadoso los tenía amenazados de muerte. Incluso que, a dos personas  les cortaron las caras por querer irse hace un tiempo del lugar. Al parecer, Claudio y su hermano realizaron esta agresión física.

Según relataron, al único que dejaban salir de la casa era a un muchacho venezolano porque era pareja de José Luis.

El fiscal reveló que los implicados en este caso ganaban entre 30 y 50 millones de pesos por transmitir en vivo las relaciones sexuales que tenían entre los mismos venezolanos, masturbarse y hacer cualquier tipo de vejámenes frente a una webcam.

Muchos de los venezolanos víctimas mencionaron a la Fiscalía que tienen temor por su vida porque Claudio y Antony siguen libres, y les dijeron "que se las iban a pagar y que ellos tenían armas. Ellos nos llamaron y los vecinos nos dijeron que tuviéramos cuidado porque estaba el carro de los dueños dando vuelta por la casa".

El caso ya fue informado a representantes de la Alcaldía de Barranquilla, al cónsul de Venezuela en la ciudad y Migración Colombia para brindar acompañamiento a los venezolanos.

Sin embargo, tras estas declaraciones presentadas en la Fiscalía, los venezolanos no volvieron a ir muy a pesar que las autoridades les ofrecieron garantías. Aseguró que se les hizo muchas llamadas a un celular donde se podían comunicar a todos ellos y dijeron que "ya iban" de nuevo a la URI. Sin embargo, no volvieron a ir.

"No será algo imprevisto que la defensa salga con una sorpresa", dijo el fiscal.

Más indagaciones

La Fiscalía y la Policía se dio a la tarea de indagar quiénes son las otras personas que mencionaban los venezolanos en sus testimonios y lograron determinar que al que le decían 'Claudio' es una persona llamada como Claudio José Silvera, natural de Sucre, y que el apodado como 'Gambeta' es Ronaldo Aduen Uribe, hermano de José Luis.

Según lo expuesto por el fiscal, ambas personas habían sido capturadas en años anteriores por pertenecer a una banda conocida por 'Los Informáticos', que fue desmantelada por la Policía.

El fiscal también dio a conocer una respuesta de Interpol que indica que hay una sentencia condenatoria contra Claudio por hurto calificado y concierto para delinquir.

El fiscal Montañez aseguró que aunque estas personas aún no tienen orden de captura por el caso, reveló sus nombres en audiencia para argumentar el delito de concierto para delinquir contra José Luis y que se está tras una banda de trata de personas y por tal razón este debía ser asegurado en centro carcelario. 

Por su parte, Antony y otra persona aún no han sido identificadas plenamente.

El fiscal también reveló que en Barranquilla hay trata de personas aprovechándose de los vulnerabilidad de venezolanos. Aseguró que en diligencia de allanamiento en otra vivienda del barrio Los Andes había otro negocio similar con menores de edad y que otro fiscal está al frente del caso.

"Todo es falso"

La defensa, por su parte, aseguró que José Luis es inocente de todo los cargos que le imputa la Fiscalía. El abogado indicó que los muchachos venezolanos que dieron informe en la Fiscalía fue solo porque uno de ellos quería sacar una maleta, pese a una deuda de 80 mil pesos por cobro de alimentación.

El abogado señaló que uno de esos venezolanos fue a la Notaría Primera de Soledad a rendir declaración bajo la gravedad de juramento en el día de ayer y precisó que hace 6 meses llegó a Barranquilla al estudio de transmisión webcam en el barrio Los Andes, decidió a aceptar la propuesta de trabajo y que el señor José Luis le prestaba solo su computador y que trabajaba independiente.

Según la declaración juramentada, la persona que se voló e hizo la denuncia "mentía" porque a nadie tenían encerrados y podían salir cuando quisieran, y si se trabajaba era por voluntad propia.
 

Que solo lo que había allí era alquiler de los equipos de computadores para que los venezolanos se comunicaran con sus familiares vía webcam en Venezuela y labores "no obligadas".

Del mismo modo, en la declaración juramentada indica que algunos venezolanos trabajaban por voluntad propia en webcam y no eran trabajadores de José Luis.

Además de esa declaración, otro venezolano también llegó a la notaría indicando que llegó al estudio de transmisión (inmueble de José Luis) en Los Andes y pagaba un porcentaje por el equipo de computador y que nadie era obligado a laborar. Solo tenían conversaciones y no se hacía nada ilícito a través de la webcam.

El abogado aseguró que otros venezolanos que presentaron testimonios en la URI también llegaron a la Notaría Primera de Soledad para aclarar que nadie estaba obligado en la casa del señor Jose Luis, pero no pudieron tomar testimonios de declaración juramentada por no tener documentos de identificación. 

Por esa razón, el abogado presentó en audiencia audios de esos extranjeros aclarando que José Luis no los obligaba a nada y que ellos se quedaban en esa inmueble por concepto alimentación que les ofrecía José Luis.

Además que, el estudio de webcam, era para "conversaciones" con personas fuera del país y nada era obligado porque recibían un porcentaje del dinero recibido.

Con relación al delito de concierto para delinquier imputado por la Fiscalía, el abogado dijo que no tenía individualizado a cada uno de los supuestos integrantes de la banda y mostrar el rol de cada persona.

"Habla de un nombre de Claudio y que en un trabajo de campo lo identificaron como Claudio Silvera Páez. Cómo se identificó y quién lo identificó para decir que hay concierto para delinquir entre José Luis y demás personas, y decir que ellos hacen parte de una organización", dijo el abogado.

Con referencia a los anotaciones judiciales del hermano de José Luis y Claudio por clonación de tarjetas bancarias, el abogado preguntó la relación que tiene con el caso de José Luis, lo cual es lo que se está tratando en la audiencia contra él.

El abogado pidió a la juez que no se le dicte medida de aseguramiento a su cliente porque las mismas personas que entregaron declaraciones en la URI dijeron bajo juramento que nada es cierto y que tampoco existe el delito de concierto para delinquir.

En caso de que la juez no acceda a la petición, le pidió que le den detención domiciliaria en su casa, en el barrio Los Andes, mientras se investiga más a fondo lo que pasó.

Frente a lo expuesto por al abogado, el fiscal indicó que nunca ha solicitado medidas de aseguramiento de forma "amañada".

El fiscal reveló que él mismo llamó al único contacto de celular de los venezolanos para que fueran ayer de nuevo a la URI y brindarles apoyo, pero no contestaron, pero a través de Whatsapp se identificó y en mensaje de audio le respondieron que lo llamaran. Sin embargo, no le respondieron la llamada.

El fiscal mandó otro audio de Whatsaap para que se colocaran en contacto con el cónsul de Venezuela para darle apoyo.

Montañez empezó en ese momento a sospechar que algo pasaba y dijo "lo que me imaginé se dio cuando la defensa salió en esta audiencia con unas declaraciones juramentadas de los mismos venezolanos víctimas".

Por otra parte, la juez, tras compromisos del abogado de la defensa en horas de la tarde de este viernes, indicó que el próximo lunes, a las 8:30 de la mañana tomará la decisión si envía o no a José Luis a la cárcel.